La información es un bien público, pero los medios están quebrados. Entonces ¿quién la puede financiar?
Por: Jonathan Bock
Los medios, especialmente cuando actúan como fuente independiente y confiable de información, deben entenderse como un servicio público. Ese es el argumento de Joseph Stiglitz, premio Nobel de economía, y quién también ha expresado que la información incompleta moldea negativamente tanto el mercado como otras esferas de la sociedad. Hoy, 3 de mayo, la Unesco toma su idea y la adopta como su lema para celebrar en todos los países el Día Mundial de Libertad de Expresión.
La idea de que la información es tan importante como los huevos de nuestra canasta familiar resulta muy seductora y al mismo tiempo provocativa. Un paradigma que busca hacer frente a la brutal realidad que atraviesa el periodismo, rodeado de un conjunto de amenazas que se intensifican y que han contaminado el aire en el que respira.
Algunos de esos males, transfronterizos, son: las narrativas estigmatizantes que varios gobiernos adelantan contra la prensa; las poderosas máquinas estatales de propaganda que distorsionan la información; la desinformación y la abundancia de mensajes que ya configuran una “infodemia”. Y, por supuesto, el COVID-19.“Con 30 billones de pérdidas en el último año, algunos temen que la pandemia sea un evento que lleve a la extinción de los medios” dijo la semana pasada el Secretario General de Naciones Unidas. El impacto que ha tenido la pandemia en el periodismo ha sido más grave en América Latina que en el resto del mundo, según un documento que lanzará la Unesco en los próximos días.
Para hacer frente a esta situación, la estrategia es doblar la apuesta. Las soluciones apuntan a que solo el Estado puede hacer frente a esta crisis y que su financiación será suficiente para resolver el problema financiero. En términos de Owen Fiss, esto significaría rendirse ante la idea de que el Estado no solo sea el policía, también tendría el control de la billetera.
Por supuesto, este camino se anticipa extremadamente desafiante, no solo por la perspectiva política: ¿Están los gobiernos dispuestos a pagar sin recibir nada a cambio? ¿Cómo, cuándo, dónde y bajo qué circunstancias pueden los medios mantener su independencia? También, porque operacionalmente resulta muy difícil. Cómo seleccionar a los medios sin repetir el nocivo esquema de la publicidad oficial que ha derivado en que los funcionarios públicos se apropian de la línea editorial de muchos medios de comunicación.En los primeros días del 2021 el gobierno nacional, en cabeza de la ministra TIC Karen Abudinen, anunció, sorpresivamente, una convocatoria para que medios de comunicación opten por una bolsa de recursos de 85 mil millones de pesos, en el marco de la reactivación económica del sector y de propender por lo que llaman la transformación digital. Sin embargo, cuatro meses después, persiste el silencio del gobierno ante interrogantes claves.
El borrador de la convocatoria, publicado en marzo para comentarios y observaciones, incluye algunos asuntos que son potencialmente problemáticos. Varios de estos asuntos quedaron consignados en un documento que desde la FLIP le enviamos a la ministra y que en resumen expresan lo siguiente: preocupación por la posible injerencia en las líneas editoriales de los medios que resulten beneficiarios; falta de claridad en los criterios y la forma en que se evaluarán las propuestas; la ausencia de mecanismos de seguimiento independientes a la asignación de los recursos, y la disparidad en los recursos a asignar entre tipos de medios de comunicación.
Tras aplazar la fecha de respuesta en un par de ocasiones, el último comunicado del Ministerio indicó como fecha el 21 de abril. Los días van pasando y sigue sin haber respuestas a las inquietudes, tampoco se ha publicado el texto de la convocatoria. A falta de conocer el texto definitivo, la propuesta del gobierno no contempla por ningún lado la vigilancia externa de la asignación de esos recursos ni tampoco mecanismos de rendición de cuentas. Piden que confiemos en su buena voluntad y que es mejor no desperdiciar recursos en estos mecanismos de transparencia e independencia.
La amenaza de la extinción de los medios de comunicación ya es una realidad en centenares de municipios en Colombia, donde no existe la producción de información local. La subvención estatal puede contener esa situación. Ojalá, el presidente Duque comprenda que este programa debe ser mucho más que un salvavidas que ha enviado al sector, y que puede ser la fórmula para restaurar un ecosistema mediático, con medios económicamente sanos y políticamente independientes. Para lograrlo, resulta fundamental que sea la sociedad civil quien tenga la capacidad e interés en el escrutinio de las subvenciones públicas, exigiendo su transparencia, responsabilidad y efectividad.